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LEY 40/2015, de 1 de Octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público – Vídeo 9

septiembre 6, 2017

Continuamos con el noveno vídeo de una serie de vídeos en los que estamos repasando toda la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público con el texto actualizado junto a los vídeos de mi canal de youtube Repasando Sin Papeles.

En este post vamos seguimos repasando el Capítulo IV del TÍTULO PRELIMINAR de la Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público.

Antes de darle al play y comenzar con el repaso vamos a hacer un resumen de lo que vamos a repasar en este post:

  • La responsabilidad del personal al servicio de las Administraciones Públicas se exige cuando se cumplen todos los parámetros que conforman la relación jurídica obligacional es necesario imputar la acción u omisión causante de la lesión a una determinada persona. A este respecto, aunque puedan responder directamente personas jurídicas (Administraciones Públicas en su condición de titulares de los órganos a los que pertenece la persona física), pero la acción u omisión corresponderá siempre a una determinada persona física susceptible de individualización.

Y ahora sí que pon en marcha el vídeo que empezamos ya a repasar la RESPONSABILIDAD DE LAS AUTORIDADES Y PERSONAL AL SERVICIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.

VÍDEO 9 LEY 40/2015

Pulsa dos veces al PLAY para empezar con el VÍDEO DE REPASO y SUSCRÍBETE AL CANAL, es gratis!!

Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

Artículo 36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirán directamente a la Administración Pública correspondiente las indemnizaciones por los daños y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificación, se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

3. Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados 2 y 3, se sustanciará conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, al menos, de los siguientes trámites:

a) Alegaciones durante un plazo de quince días.

b) Práctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el órgano competente estime oportunas durante un plazo de quince días.

c) Audiencia durante un plazo de diez días.

d) Formulación de la propuesta de resolución en un plazo de cinco días a contar desde la finalización del trámite de audiencia.

e) Resolución por el órgano competente en el plazo de cinco días.

5. La resolución declaratoria de responsabilidad pondrá fin a la vía administrativa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entenderá sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artículo 37. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, así como la responsabilidad civil derivada del delito se exigirá de acuerdo con lo previsto en la legislación correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

CONTINÚA REPASANDO

Os recuerdo que os he dejado preguntas test, referentes al contenido de este vídeo, en youtube, en los comentarios del vídeo. Espero vuestra participación!

Fuente:  Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público

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